FSIE, organización sindical mayoritaria en el sector de la enseñanza privada y concertada, comparte el objetivo que persigue la LOMCE: reducir el elevado índice de fracaso y abandono escolar que tiene nuestro sistema educativo. Los datos objetivos aportados por las pruebas diagnósticas e informes nacionales e internacionales avalan la necesidad de introducir cambios en la estructura, evaluación y el currículum.

   No obstante, visto que la propuesta del Gobierno adolece del deseable y necesario consenso en el propio seno de la comunidad educativa y, ante la previsible derogación de esta norma por parte del PSOE en cuanto vuelva a gobernar, no parece viable una mejora consolidable en el medio y largo plazo. Mientras no haya un Pacto Educativo que dé estabilidad al sistema educativo será muy difícil obtener resultados.

 
 FSIE niega que el texto propuesto potencie y mejore la situación de la enseñanza concertada en general, y las condiciones sociales y laborales de sus profesionales en particular. Las decisiones de las administraciones educativas patentizan el principio de subsidiariedad de la enseñanza concertada respecto a la pública. No hay ni una sola mejora en cuanto a los recursos humanos y económicos claramente insuficientes desde hace muchos años. No se avanza en la estabilidad de los conciertos educativos, verdadera garantía en lo que a libertad de enseñanza e igualdad de oportunidades en educación se refiere. No hay diálogo sobre las consecuencias que esta nueva reforma puede tener en la viabilidad de los centros y en el mantenimiento del empleo.
 
Ni una sola mejora ni medida de reconocimiento hacia el profesorado. Sí es verdad que se recoge la intención de que haya un estatuto de la función docente que en principio parece pudiera acoger a todos los profesionales tal y como viene pidiendo FSIE.
 
No parece tampoco que la financiación vaya a ser la necesaria para abordar esta reforma salvo que el Ministerio esté pensando en nuevos recortes en educación o que las Comunidades Autónomas aumenten sus fondos suprimiendo los conciertos educativos en algunos niveles educativos como ha hecho la Comunidad Autónoma de Madrid o reduciendo numerosas aulas como ha sucedido en Asturias o Andalucía. Todo un ataque a la libertad de enseñanza que, además, pone en jaque el mantenimiento y estabilidad del empleo en el sector.
 
El proceso seguido por el Ministerio de Educación hasta este momento ha sido criticado por nuestra organización. No ha existido un verdadero debate y negociación del anteproyecto. Se inicia el trámite parlamentario y FSIE solicitará reunirse con los principales partidos políticos con la intención de que puedan introducir enmiendas que mejoren la Ley.
 
 

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