descarga 1 FSIE ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un recurso de impugnación contra el Real Decreto 310/2016 de 29 de julio, publicado en el BOE número 183 de 30 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y en cuyo artículo 3f se especifica que se designa al profesorado funcionario del sistema educativo español para aplicar y calificar las pruebas.
 FSIE, que ya actuó de similar forma contra el Real Decreto que regulaba la evaluación de Educación Primaria, considera que existe un trato legislativo discriminatorio, que claramente excluye a los profesores de la enseñanza concertada y privada en favor de los docentes funcionarios, que además de aplicar y corregir la prueba, se encargarán de la realización, seguimiento y supervisión de la citada evaluación que otorgará a los alumnos de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato el título académico de estas enseñanzas.
 Este Real Decreto supone un incumplimiento de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad del Sistema Educativo (LOMCE), donde se establece que “las pruebas finales externas serán aplicadas y calificadas por profesorado del sistema educativo español externo al centro”. En la misma ley se deja claro que el sistema educativo español está formado por todos los profesionales tanto del sector público como privado.

A tenor de lo que se expresa en esta normativa, se podría entender que el Real Decreto dictado por el Ministerio de Educación es contrario a la ley, además de constituir una discriminación inaceptable de los docentes de la enseñanza privada y concertada, profesionales que poseen idéntica titulación que sus homólogos de la función pública y que parece que están suficientemente cualificados para educar, evaluar y decidir sobre sus alumnos, pero no para participar en las pruebas de evaluación de un sistema del que también forman parte.

FSIE ha manifestado en reiteradas ocasiones su rechazo a estas evaluaciones finales, tal y como están reguladas en este momento, y ha solicitado al Ministerio de Educación y a los partidos políticos que adopten con urgencia las medidas necesarias para aplazar su aplicación hasta que se alcance un demandado consenso sobre una nueva ley educativa. 


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