En la rueda de prensa celebrada el pasado 3 de diciembre, la Plataforma Más Plurales ha vuelto a afirmar que la Ley Celaá es una ley innecesaria, partidista, que se ha hecho a espaldas de la comunidad educativa, que ni siquiera ha podido manifestar su opinión durante la tramitación parlamentaria, como suele ser habitual. La Ley Celaá se ha aprobado en el Congreso de una manera exprés y sin buscar en ningún momento ni el consenso ni la posibilidad de alcanzar un Pacto de Estado por la Educación que la sociedad tanto demanda. Para la Plataforma, todavía hay tiempo para cambiar las cosas.
La Plataforma Más Plurales ha reiterado su oferta de diálogo al presidente del Gobierno y a la Ministra de Educación con el fin de cambiar y mejorar una Ley que en vez de aunar opiniones y buscar lo mejor para el alumnado y sus familias, ha provocado una profunda fractura en la sociedad española. Para la Plataforma, la Ley Celaá no aborda los auténticos problemas de la educación española, como son el fracaso escolar y la mejora real de la igualdad de oportunidades. Peor todavía, todo aquello que ahora mismo está funcionando con normalidad en nuestro sistema educativo, lo cuestiona y modifica. Para Más Plurales, ahora mismo no hay ningún problema ni con la Enseñanza Concertada, ni con la Educación Especial, ni con la asignatura de Religión.
En contra de lo manifestado por la Ministra de Educación, que ha acusado a la Plataforma Más Plurales de fomentar el alarmismo –pues nada de lo que dicen, según ella, figura en la Ley-, en la rueda de prensa se afirmó que no se exagera absolutamente nada cuando denuncian que la LOMLOE amenaza la existencia de la escuela concertada. En este sentido, basta con ver el recorrido de los últimos años en aquellas Comunidades Autónomas gobernadas por los socialistas y Unidas Podemos para comprobar sus intenciones de marginar a la Concertada, frenadas todas ellas en la calle y en los tribunales. Por ejemplo, recientemente en La Rioja, Aragón y Comunidad Valenciana.
Para la Plataforma Más Plurales, la eliminación de la demanda social como uno de los criterios a tener en cuenta para la planificación de unidades educativas deja vía libre para que la Administración suprima aulas en los centros concertados y las abra únicamente en centros públicos. Por tanto, será el Estado quien decida el tipo de educación que reciban los alumnos, no las familias, como sucede en la actualidad.
En relación con la Educación Especial, las organizaciones de Más Plurales dicen a la Ministra de Educación es que si no van a cerrar estos centros, como afirma en sus comparecencias, lo tiene fácil: que elimine la adicional 4ª del artículo 74 y asunto concluido. Para la Plataforma, con la redacción actual –basta con leer lo que está escrito-, la ley Celaá no ordena su cierre pero sí el trasvase de sus alumnos a centros ordinarios, provocando así la progresiva desaparición de miles de puestos de trabajo y la privación de la atención especializada que muchos alumnos necesitan. La Plataforma Más Pluralesquiere decir bien alto que la Educación Especial no segrega: sin la atención específica a las diversas necesidades de su alumnado, no es posible la tan abanderada inclusión.
Sobre la asignatura de Religión, la redacción actual de la LOMLOE relega la Religión al estatus de asignatura de segunda, que ocupará un lugar decorativo y secundario en el currículum escolar. Todo ello, en contra de la opinión de las familias, que la eligen libre y voluntariamente todos los años como una asignatura más.
Por último, desde Más Plurales han querido subrayar que se trata de una plataforma social y educativa, independiente de los partidos políticos, que ha conseguido aglutinar a diferentes asociaciones de ciudadanos que legítimamente defienden la pluralidad y la libertad de nuestro sistema educativo ante una ley partidista y aprobada sin consenso ni diálogo social.
La Plataforma Más Plurales emprenderá próximamente otras acciones; entre ellas, entregará en el Senado mañana, viernes 4 de diciembre, una serie de enmiendas encaminadas a mejorar el contenido de una Ley que va en contra de la mejora de la calidad de nuestro sistema educativo, desprecia a los trabajadores de los centros concertados y pone en serio peligro el ejercicio de las libertades públicas, de manera especial la libertad de las familias para educar a sus hijos. También anuncia manifestaciones en toda España para el próximo día 20 de diciembre.
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FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA
