Desde el pasado día 1 de enero de 2021 los progenitores disfrutarán de las mismas condiciones en el permiso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. Termina así la transitoriedad establecida por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (BOE de 7 de marzo de 2019) fijándose 16 semanas de suspensión del contrato de trabajo para el cuidado de un menor para toda madre o padre que así lo desee.

Este miércoles 30 de diciembre de 2020 ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). Tras meses de polémica y pese a la movilización ciudadana en su contra, el proceso exprés de tramitación de la ley ha culminado a las puertas del nuevo año con su entrada en vigor definitiva.

La Ley Celaá no ha tenido en ningún momento la intención de abordar los problemas reales de la educación española. Sus únicos objetivos han sido partidistas e ideológicos. Por eso, la LOMLOE será tan solo la octava ley de educación, una más, otra ley efímera que no cuenta con el respaldo de una gran parte de la sociedad española, como ha quedado demostrado en las numerosas protestas de las últimas semanas, con la recogida masiva de firmas y en las históricas manifestaciones con coches celebradas el 22N y el 20 de diciembre, donde casi dos millones de ciudadanos han exigido a la ministra la retirada de la que es ya, la peor ley educativa de la democracia.

Miles de manifestantes tomaron ayer las calles para protestar por la inminente aprobación de una ley, la LOMLOE, que supone un completo atropello a las libertades democráticas y educativas. La Plataforma Más Plurales había convocado manifestaciones en más de cincuenta ciudades que vieron sus principales arterias totalmente colapsadas por miles de vehículos. A golpe de claxon, familias, profesores y ciudadanos en general demostraron que una gran parte de la comunidad educativa y de la sociedad civil no está dispuesta a rendirse ante una ley partidista e ideológica que no aborda los problemas reales de nuestro sistema educativo.