La Ley Celaá no ha tenido en ningún momento la intención de abordar los problemas reales de la educación española. Sus únicos objetivos han sido partidistas e ideológicos. Por eso, la LOMLOE será tan solo la octava ley de educación, una más, otra ley efímera que no cuenta con el respaldo de una gran parte de la sociedad española, como ha quedado demostrado en las numerosas protestas de las últimas semanas, con la recogida masiva de firmas y en las históricas manifestaciones con coches celebradas el 22N y el 20 de diciembre, donde casi dos millones de ciudadanos han exigido a la ministra la retirada de la que es ya, la peor ley educativa de la democracia.
De manera deliberada y despreciando a gran parte de la comunidad educativa, la Ley Celaá no ha buscado en ningún momento el diálogo y el consenso. Al contrario, el Ministerio de Educación ha hecho todo lo posible para que la Ley se aprobara sin abrir ningún cauce de negociación e impidiendo cualquier posibilidad de acuerdo. En repetidas ocasiones, la Plataforma Más Plurales ha reclamado que retiraran esta ley, pues estamos inmersos en una crisis sanitaria gravísima que hace muy difícil la necesaria participación de la sociedad y la comunidad educativa, a la vez que pretenden introducir profundos cambios en el sistema aprovechando que los centros, el profesorado y las familias están empeñados en hacer un esfuerzo heroico por sacar adelante el curso escolar. La tramitación de la LOMLOE es un atropello a las libertades y derechos de los ciudadanos. Ni era el momento ni se han respetado las formas en un proceso que ha adolecido en todo momento de un profundo déficit democrático.
La Ley Celaá rompe todos los equilibrios edificados desde el artículo 27 de nuestra Constitución al restringir el derecho a la educación de todos a la oferta de plazas públicas y reduciendo el papel de las plazas gratuitas en la enseñanza concertada a un papel subsidiario y meramente auxiliar. La Ley rechaza la demanda social y estrangula la facultad de elección de las familias a la hora de elegir centro educativo para sus hijos. Introduciendo además el mandato de la promoción exclusiva y excluyente de nuevas plazas en la escuela pública, la Plataforma Más Plurales denuncia el acoso y derribo nada disimulado que la LOMLOE supone para la enseñanza concertada. Por todo ello, se pone en peligro el futuro laboral de muchos miles de trabajadores y profesionales de la enseñanza concertada.
La difícil situación en la que quedan los centros específicos de educación especial en la Ley Celaá crea para ellos un nuevo y negro horizonte que cuestiona su misma existencia y el reconocido papel que desarrollan actualmente, contando con la participación y satisfacción de las familias por la excelente atención que reciben sus hijos. Del mismo modo, la LOMLOE supone una gravísima agresión para el profesorado de Religión de los centros públicos, al devaluar esta asignatura a un rol meramente formal y decorativo, sin ningún valor académico y muy posiblemente en un lugar marginal del horario escolar.
Desde la Plataforma Más Plurales instamos a los grupos políticos contrarios a esta Ley Celaá a que interpongan recursos de inconstitucionalidad, presionaremos en todas las Comunidades Autónomas para que se reduzcan al máximo los futuros efectos perjudiciales de la aplicación de esta innecesaria e injusta Ley. También denunciaremos la deriva totalitaria y partidista de la LOMLOE ante las instituciones europeas.
Por último, la Ley Celaá ha sepultado la posibilidad de encontrar alguna vía de entendimiento para alcanzar el Pacto de Estado por la Educación que los ciudadanos y toda la sociedad han demandado insistentemente a los partidos políticos y a la comunidad educativa.
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FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA
