FSIE exige al Gobierno que cumpla la promesa hecha a principios de la pandemia de aprobar una incapacidad temporal para cuidados por covid.
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo ante el silencio e inacción del Gobierno para dar solución a miles de trabajadores que se están viendo perjudicados en sus derechos laborales, al no tener alternativa para cuidar a sus hijos y familiares dependientes en cuarentena por COVID.
FSIE insiste en que la situación de desamparo y perjuicio al que se están viendo sometidas las familias tiene solución ya que el Gobierno podría aprobar de forma urgente un real decreto que establezca bajas laborales o permisos retribuidos para quienes deben atender a familiares dependientes e hijos menores de edad que, como consecuencia del COVID, deban guardar cuarentena sin la posibilidad de que otras personas puedan hacerlo por ellos. “El propio Gobierno anunció en el año 2020 que iba a aprobar una incapacidad temporal para los trabajadores en esta situación y a fecha de hoy sigue sin cumplir esa promesa”, ha recalcado el secretario general de FSIE, Jesús Pueyo.
Esta nueva ola, provocada por la alta transmisión de Omicrón, está generando enormes problemas a los padres al estar afectando de forma importante y numerosa a los niños. A fecha de hoy hay más de 1.290 aulas confinadas, según los datos facilitados por once comunidades autónomas, con los consiguientes problemas de conciliación laboral que esto supone para las familias y no se está implementando medida alguna.
Desde FSIE denuncian que si en algunas Comunidades Autónomas se está poniendo solución en el ámbito de la función pública, aplicando el art. 48 j) del Estatuto Básico de la Función Pública, debe buscarse una solución para el resto de ciudadanos que trabajan por cuenta ajena.
Por todo ello, FSIE ha solicitado al Defensor del Pueblo a que inste con carácter de urgencia al Gobierno de España a solucionar el problema de forma inmediata, “es inaceptable que la única alternativa que se les está ofreciendo a los ciudadanos es perder derechos laborales por una situación tan extrema y excepcional como la que estamos viviendo” ha concluido Jesús Pueyo.
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