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FSIE apoya el manifiesto de CEDDD Y ANCEE para defender la existencia de la educación especial en España

fotoLa Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), miembro del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) y, por otro lado, la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE), defendemos en un Manifiesto la existencia de la Educación Especial, en entredicho con la actual ley educativa.
El Manifiesto es muy claro: defendemos la coexistencia de la Educación Ordinaria con la Educación Especial, de la que se benefician más de 40.000 menores en España actualmente.
La actual ley educativa, llamada LOMLOE, que entró en vigor en marzo de 2020, modificando la ley educativa de 2006, establece en su artículo 74 algunos cambios que consideramos, las organizaciones firmantes, perjudiciales para los centros de Educación Especial, para los profesionales que trabajan en ellos, para el alumnado y para la libertad de elección de centro de las familias.
La LOMLOE merma el derecho preferente de los padres para escoger el tipo de educación que desean para sus hijos, recogido en el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 27 de la Constitución.
En el apartado 74.3 de la LOMLOE se plantea también que el modelo educativo tienda hacia una mayor “inclusión”, entendiendo que los menores con discapacidades van a estar mejor integrados en un centro ordinario. Esta, sin duda, es una decisión que deben tomar los padres asesorados por profesionales. Los padres deben tener la libertad de elegir escolarizar a sus hijos bien en un centro específico o uno ordinario con todas las garantías en ambos casos de que se les va a procurar la mejor atención, formación y educación acorde a sus circunstancias.
Los centros de Educación Especial y los profesionales que trabajan en ellos atienden a los alumnos con discapacidad adaptándose a su situación concreta, para que reciban la formación correcta y puedan incorporarse a la sociedad y a la realidad laboral.
Por tanto, creemos que es necesario alzar la voz en representación del sector de las personas con discapacidad y la educación para devolver a las familias el derecho a elegir el centro que mejor consideran para la educación de sus hijos.
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