La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) lamenta que en estos momentos de excepcionalidad el Gobierno y el resto de Grupos Parlamentarios no den muestras de una mínima predisposición al diálogo y al consenso y solicita que los Presupuestos Generales del Estado contemplen un incremento significativo en la financiación para hacer frente a las necesidades que han surgido como consecuencia del COVID-19 en todos los centros sostenidos con fondos públicos.
En las últimas semanas, y coincidiendo un inicio de curso inédito y plagado de incertidumbre, el Gobierno ha comenzado su ronda de contactos con el resto de fuerzas políticas a fin de recabar apoyos para los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Desgraciadamente hemos podido constatar, pese a la delicada situación que atraviesa el país, que el clima de tensión y confrontación que venimos padeciendo desde el comienzo de esta legislatura parece ser la constante que regirá el nuevo curso político.
Además, miembros del Gobierno proponen para los próximos presupuestos, la congelación de salarios e incluso el recorte de los mismos tanto de los funcionarios como de los profesionales de la enseñanza concertada. Esta es la forma en la que el Gobierno apoya al colectivo y reconoce el enorme esfuerzo que están realizando los docentes y no docentes del sistema educativo.
Por si fuera poco, acabamos de conocer la intención del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de endurecer las condiciones de acceso a la jubilación anticipada. La realidad, denunciada reiteradamente por FSIE, es que en nuestro sector el Gobierno ya venía impidiendo la renovación de las plantillas obligando en la práctica a docentes y no docentes a permanecer en sus puestos de trabajo hasta la jubilación total. Este anuncio supone un nuevo varapalo para los profesionales de la educación concertada, privada y de atención a las personas con discapacidad que ven una vez más como el Gobierno les impide alcanzar una justa mejore de sus derechos laborales.
FSIE rechaza cualquier medida que suponga la congelación o recorte de las condiciones laborales y salariales de los profesionales del sector y solicita al Gobierno que descarte cualquier iniciativa de este tipo. Además, en su compromiso de preservar y defender los intereses del colectivo, solicitará al resto de partidos políticos que no apoyen unos Presupuestos que supongan perjudicar de forma tan injusta a los trabajadores.
FSIE considera que para poder afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria debido a la COVID-19, la sociedad en su conjunto, y el sector de la educación concertada, privada y de atención a las personas con discapacidad en particular, necesitan un proyecto de reconstrucción socioeconómica sólido, consensuado y que cumpla con la máxima, tan repetida en los últimos meses por el Ejecutivo, de “no dejar a nadie atrás”. Proyecto para el que es vital la elaboración y aprobación de unos PGE adecuados a la realidad actual.
Por ello, desde FSIE exigimos/solicitamos al Gobierno y al resto de las formaciones políticas que encuentren el espacio tan necesario de diálogo para aunar fuerzas y consensuar unos presupuestos cruciales para afrontar las consecuencias de la pandemia mundial. Irrenunciablemente, estos PGE deben contemplar un incremento de financiación en Educación que permitan garantizar la provisión de medios suficientes a todos los centros sostenidos con fondos públicos, sus trabajadores y alumnado en todo el territorio nacional, para adoptar las nuevas medidas de Seguridad e Higiene para hacer frente a la COVID-19.
FSIE considera que el reparto de los 2.000 millones del Fondo COVID a las CC.AA., de los cuales 400 son para universidades, no serán suficientes para cubrir las necesidades de una crisis sanitaria que, a tenor de su evolución en los últimos meses, no está cercana a su fin. Además, la generalidad en la asignación de este fondo extraordinario no obliga a las CC.AA. a emplearlo únicamente en la lucha contra la COVID19 ni a distribuirlo de manera igualitaria entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, dejando en manos de cada gobierno autonómico el tratamiento que reciba la enseñanza concertada, sus profesionales, alumnado y familias que suponen el 25% del sistema educativo.
Por tanto, desde FSIE reclamamos un incremento de la financiación que debe reflejarse en una subida de todos los conceptos del módulo de concierto para asegurar:
- La provisión de recursos materiales, sanitarios y de higiene necesarios para cumplir con las recomendaciones sanitarias.
- La incorporación del personal suficiente, docente y no docente, para adaptar los centros a las nuevas medidas de distanciamiento social y lograr la necesaria bajada de ratios, especialmente en la concertada, mejorando así la calidad de la educación y garantizando la seguridad y salud de profesionales y alumnado.
- La inclusión definitiva del PAS en el pago delegado para garantizar unas condiciones dignas a un personal tan necesario en la organización y planificación de los centros educativos.
- La incorporación de personal sanitario en los centros con el objetivo de evitar que la gestión de casos y la toma de decisiones de índole sanitaria recaiga sobre el personal del centro.
- La aplicación de una subida que, tras la producida en 2019, venga a suponer la recuperación del poder adquisitivo perdido desde la anterior crisis económica y la tan reivindicada equiparación salarial de los trabajadores de la concertada con sus homólogos de la pública.
- Medidas específicas para los centros de educación especial, sus trabajadores y alumnado, sector especialmente afectado por la pandemia, las restricciones de la educación presencial y las nuevas medidas de seguridad e higiene.
- Medidas económicas de apoyo al sector de la Educación Infantil para evitar el cierre de muchas empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo.
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