Las organizaciones mayoritarias de la Enseñanza Concertada denuncian la aplicación directa de los recortes sin tener en cuenta su propia naturaleza jurídica, su deficitaria financiación y el incumplimiento de los conciertos por varias Comunidades Autónomas.
Las organizaciones mayoritarias de la enseñanza privada concertada, tanto de titulares como patronales (FERE-CECA, EyG, CECE, UECOE, FEDACES, FECC y APSEC), y sindicatos (FSIE y USO), rechazan enérgicamente aspectos del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes en el ámbito educativo, recién convalidado por el Congreso, y la aplicación que del mismo están haciendo las Comunidades Autónomas.
Como representantes mayoritarios de la enseñanza concertada, denuncian que tanto los centros como sus trabajadores están sufriendo desde 2010 importantes recortes en los gastos de funcionamiento y en los salarios del personal, de manera análoga a la escuela pública, sin tener en cuenta que la primera viene percibiendo una financiación mucho menor y notablemente insuficiente, “para conseguir una prestación efectiva del servicio público y social de la educación, de manera gratuita y en condiciones de igualdad” (Preámbulo LOE).
La situación era ya difícil hace unos meses, pero la aprobación del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, y sus desarrollos autonómicos están dificultando la negociación colectiva e incumpliendo acuerdos alcanzados entre las organizaciones y las Administraciones educativas, sin tener en cuenta los efectos demoledores que ello está provocando, destacando la destrucción de empleo en el sector y, sobre todo, se mantiene la injusta discriminación que padece la enseñanza concertada.
Estas medidas se suman a los incumplimientos en el régimen de conciertos por parte de las Administraciones autonómicas, cifrados en el retraso de varios meses en el abono de los gastos de funcionamiento o en las sustituciones, impagos de diversos programas de atención educativa o complementos previstos en acuerdos autonómicos. Así como diversas medidas de recorte que no tienen en cuenta el régimen laboral de los trabajadores (extinción de contratos de sustitución en verano, etc.) y que suponen un incremento del gasto en las prestaciones por desempleo.
Es necesario dejar claro que la enseñanza concertada no es en modo alguno beneficiaria de los recortes educativos como se viene sosteniendo en determinados foros, ya que la aplicación de éstos es generalizada en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Asimismo, la aplicación de algunas medidas adoptadaspodría conllevar una pérdida en la calidad del sistema educativo y no combaten el fracaso escolar, además de provocar efectos muy negativos en las condiciones laborales de los trabajadores del sector.
Asimismo, la enseñanza concertada ha venido sufriendo un trato injusto por parte de algunas Administraciones educativas, eliminando aulas con suficiente tasa de matrícula y con igual o superior ratio que las aulas públicas de la zona. Con carácter general, los alumnos de centros concertados no han podido acceder a programas de ayuda y apoyo (transporte, comedor, PROA, bilingüismo, redes de centros, Educa3, etc.), en clara discriminación.
Por todo ello, las organizaciones firmantes, tras varias peticiones cursadas por algunas de ellas, solicitan de manera conjunta a la Administración educativa, estatal y autonómica, la convocatoria de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada y de las Mesas Autonómicas, creándose una línea de diálogo permanente para analizar el alcance y efectos de dichas medidas y el cumplimiento de la ley que señala “todos los centros sostenidos con fondos públicos deberán recibir los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir sus tareas”.
FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA
