Jesús Pueyo, líder del sindicato mayoritario en la enseñanza privada concertada, valora para www.paginasdigital.es las últimas enmiendas introducidas en la tramitación de la LOMCE. Denuncia que no se ha ganado en libertad para los padres.
¿Cómo valora las enmiendas que se han aprobado en el Senado sobre la Ley Wert? ¿Mejoran el texto?
Es difícil saber si realmente las enmiendas introducidas en el Senado mejoran o no el texto. No es una buena carta de presentación para una Ley haber tenido tres textos distintos antes de iniciar su trámite parlamentario, dos dictámenes del Consejo Escolar del Estado y numerosas enmiendas en el Congreso y en el Senado incluso el propio partido que la sustenta.
No obstante, el Partido Popular ha querido evitar, en este último trámite ante el Senado, que en la Ley figurasen cuestiones que habían suscitado un fuerte rechazo. Entre ellas, en relación al sector de la enseñanza concertada, hemos de destacar que el PP ha retirado su enmienda al art. 117 por la que las empresas podían modificar sustancialmente los salarios de los profesionales de los centros concertados. También ha incluido la normativa laboral como referencia a la hora de posibilitar ampliaciones del calendario escolar u horarios lectivos de las materias.
Persiste el problema de que esta Ley, elaborada sin diálogo ni negociación, tendrá una grave carencia al no contar con la implicación del profesorado. Para ello, es imprescindible que el Ministerio y las Comunidades Autónomas comiencen a dialogar con la comunidad educativa.
¿Qué opinión le merece que se hayan aplazado el tiempo de puesta en marcha de la reforma?
En realidad se ha aplazado un año la aplicación de la Secundaria Obligatoria y Bachillerato y FP. Como consecuencia de ello, también la realización de las pruebas externas. La educación Primaria ha de implantarse en septiembre de 2014 lo que va a exigir un enorme esfuerzo a las administraciones autonómicas, a los docentes, a los equipos directivos y a las familias, pues no olvidemos que esta reforma propone elegir entre distintas asignaturas ya desde 1º de Primaria.
Es un calendario precipitado si hemos de tener en cuenta las necesarias modificaciones en los currículos de las materias, la elaboración de textos adecuados, la información a las familias, la organización del nuevo curso, la preparación de las programaciones y actividades por parte del profesorado...
El punto que obliga a Cataluña a ofrecer una alternativa en castellano a las familias que lo pidan apenas cambia. ¿Qué le parece?
Esta cuestión está inmersa en un conflicto de carácter ideológico y político. La Generalitat no asumirá esta decisión, se recurrirá a los tribunales y seguirá siendo un tema polémico. La solución adoptada no será pacífica y, por lo tanto, no beneficiará al sistema educativo.
¿Qué cambios tendría que haber introducido la ley para que hubiese más libertad para los padres?
La mención al derecho a la libertad de elección de los padres es importante ya que emana directamente de nuestra Carta Magna. El problema es que, así como en otros aspectos esta Ley llega en algunas cuestiones hasta un detalle inédito en leyes orgánicas de este carácter, en este caso se queda en una declaración que no resuelve el problema de cómo se lleva a cabo dicha libertad de elección. Ni siquiera parece que ese derecho vaya a ser homogéneo en todo el Estado y que en cada Comunidad Autónoma se desarrolle y aplique de una forma distinta.
De hecho esta Ley no garantiza los conciertos educativos que son uno de los aspectos fundamentales sobre los que descansa el derecho a la libre elección.
FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA
