Mientras unos trabajamos por conseguir el tan anhelado Pacto Educativo en la Región de Murcia, otros se empeñan en enfrentar y dividir a los docentes de la pública y la privada concertada. Esta vez, ha tomado la iniciativa la Diputada del PSOE, Dª Ascensión Ludeña López, que presentó el pasado 14 de marzo, una moción contra la nueva Orden de conciertos educativos, solicitando su paralización.
Como justificación, la diputada socialista hace una exposición desacertada de motivos.
Dice, que “la Consejería de Educación tiene planes privatizadores de la Enseñanza Pública”. Primer error. La Enseñanza Pública no se puede privatizar porque los centros son y seguirán siendo de titularidad pública. Al igual que los centros Privados Concertados son privados y seguirán siendo privados. Los centros sostenidos con fondos públicos son de dos tipos: los privados concertados y los de titularidad pública. Y esto, sucederá antes y después de la orden de conciertos. ¿O es que piensa que la educación es propiedad del Estado y no existe la libertad de enseñanza?
Nos cuenta la Sra. Ludeña que “se pretende potenciar la Escuela Concertada en detrimento de la Enseñanza pública”. Segundo error. La Administración tiene la obligación de sostener con fondos públicos los centros privados concertados con demanda social. Lo dice la ley socialista de 1985, la LODE, que en su Título IV regula el régimen de conciertos a través del cual “se materializa el sostenimiento público de los centros privados concertados que, junto con los públicos, contribuyen a hacer eficaz el derecho a la educación gratuita”.
La diputada socialista sigue su exposición de motivos indicando que “la enseñanza concertada tenía un carácter subsidiario de la educación pública”. Tercer error. Y para no dar rodeos, remitimos a la sentencia que la Sala Tercera del Tribunal Supremo (sentencia número 1180/2016) que dictaminó “no resulta de aplicación el principio de subsidiariedad en relación con la enseñanza concertada(…). Esa afirmación no puede compartirse porque es contraria a la letra y al espíritu de la Constitución y de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación.” Luego, la Enseñanza Privada Concertada no es subsidiaria de la Pública. Son complementarias, salvo que se incumpla la ley.
Seguimos leyendo, en su moción, que “con esta Orden, el Gobierno Regional hace un sprint en el proceso privatizador, aumentando de 4 años a 6 años los conciertos educativos” Vaya, es la opinión del PSOE. Porque, para los más de 5.000 docentes de la privada concertada, significa estabilidad laboral y reconocimiento social de nuestro trabajo.
En su escrito, recrimina que “se despiden a miles de profesionales de la educación pública”. Cuarto error. La ratio del Bachillerato y FP en Concertada es de 1,67 profesor/aula, si se llegaran a concertar, con el paso del tiempo, 50 unidades nuevas, supondría generar unos 80 puestos de trabajo ¿Dónde están esos miles de puestos de trabajo perdidos?
También dice “y miles de docentes interinos engordando la listas de paro”. A esta afirmación, nosotros también queremos añadir, “y miles de docentes de la privada engordando las listas del paro”. Se olvida, una vez más, que los docentes en paro no son todos de centros de titularidad pública, también hay, y muchos, de centros de titularidad privada. Sra. Ludeña, sólo una pregunta: ¿Qué somos para usted los trabajadores de la enseñanza concertada? Por favor, no mezclemos educación con política, no conduce a nada bueno.
Pero, para finalizar, sólo una última matización. El PSOE pide al Gobierno Regional “revertir todos los recortes brutales que ha sufrido la educación pública”. Otro error más. Los recortes los sufrimos todos los trabajadores de centros sostenidos con fondos públicos, entre los que se incluyen los de la concertada. Nosotros, también existimos, tenemos familias y sufrimos la inestabilidad laboral. Y es que, cuando las cosas van mal, a nosotros no se nos ubica en otro centro, nos envían a las listas de paro.
Dejemos de enfrentar a los docentes de nuestra Región, nuestro futuro va en ello. Dejemos de restar y dividir. La sociedad nos demanda sumar esfuerzos y dar estabilidad a nuestro sistema educativo. Recuperemos el espíritu de consenso de la ley socialista de 1985, que finalizaba su preámbulo diciendo:
"Es, por fin, una norma de convivencia basada en los principios de libertad, tolerancia y pluralismo, y que se ofrece como fiel prolongación de la letra y el espíritu del acuerdo alcanzado en la redacción de la Constitución para el ámbito de la educación".
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FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA
