Nuestro escritor cartagenero, Diego Sánchez Aguilar, ha publicado recientemente el artículo Privatizar la educación en el que nos alerta de un supuesto “proyecto privatizador” de la enseñanza. El maléfico proyecto consistiría en “subvencionar” no sólo las enseñanzas obligatorias en centros privados, sino también el Bachillerato y FP.
Parece que, el Sr. Sánchez Aguilar, desconoce que los nuevos conciertos educativos que se concederían con la aprobación de la nueva Orden, se realizarían de acuerdo con unos criterios de valoración justos y racionales, siempre y cuando existiera la demanda por parte de los padres, garantizando en todo momento la complementariedad con la enseñanza pública.
Además, no debe recordar que la legislación vigente dice que, los centros sostenidos con fondos públicos, los que NO se rigen por las leyes del mercado, son de dos tipos: los privados-concertados y los públicos. Luego, es obligación de la Administración, financiar con fondos públicos los centros privados-concertados con demanda social, como también lo es en el caso de los públicos. Es una cuestión de legalidad y de valores, la defensa de la libertad de enseñanza y el derecho a elegir libremente centro educativo.
Pero también, al Sr. Sánchez Aguilar, le escandaliza que se revisen los conciertos, en lugar de cada 4 años, cada 6 años, tal y como establece la legislación vigente. ¿Y por qué no le escandaliza que no se hagan las mismas revisiones en los centros de titularidad pública? El Sr. Sánchez Aguilar, está poniendo en duda la profesionalidad de los docentes y no docentes de los centros privados concertados, con desprecios. Para muestra, podemos leer en su escrito que en los centros privados concertados están “contratando a los profesores que ellos consideren adecuados, sin oposición alguna, fáciles de controlar, de asustar, de ajustar”
El Sr. Sánchez Aguilar también es profesor, ¿cómo puede hablar así de sus compañeros? Yo, como mínimo, sentiría vergüenza. ¿O es que piensa que las titulaciones de los profesores de la privada concertada no valen, que el título de Maestro o Licenciado les ha tocado en una tómbola? Quizás desconozca que los profesores de la privada concertada hacemos oposiciones todos los años, cada día, porque nuestro puesto de trabajo exige una docencia basada en la excelencia, la innovación y la formación continuada. Sería ridículo pensar que los padres quieren llevar a sus hijos a centros donde no hay buenos profesionales. Además, nuestro escritor, ofende a los padres que llevan a sus hijos a centros privados concertados, pues afirma que lo hacen para que conozcan las clases sociales. Y añade la coletilla “como Dios manda” A falta de argumentos, el desprecio es lo fácil.
Nos dice que es “una aberración que TODOS, todos los murcianos, tengamos que pagar el capricho de esos padres que han decidido que sus retoños estudien el Bachillerato en un centro católico, o budista, o de enseñanzas alternativas” Fíjese, no es un capricho, es un DERECHO. Lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos” ¡Qué difícil se le hace aceptar que no es un capricho, sino un derecho! ¿O quizás pretendía ridiculizar y humillar a los padres que optan por centros educativos que no son de titularidad pública? Quiero pensar que en su falta de argumentos no pretendía ofender a todos los murcianos.
Los impuestos los pagamos todos para garantizar nuestros servicios y derechos individuales y colectivos. Y uno de esos derechos es la libertad de enseñanza y por tanto, el derecho a elegir el modelo educativo que más nos agrade. La enseñanza concertada no se dedica a hacer clases sociales, como usted manifiesta, sino a educar desde su ideario y proyecto educativo.
Y continúa el agresivo y despreciativo artículo diciendo: “Si a alguien no le gusta el Bachillerato de la Enseñanza Pública, que se pague un Bachillerato privado; de su bolsillo, claro” De nuevo, no es una cuestión de gustos, no. La educación de calidad está garantizada en los centros públicos y privados, que conforman la red de centros sostenidos con fondos públicos, siendo COMPLEMENTARIOS unos de otros, como así lo avalan varias sentencias del Tribunal Supremo. En ellos, tenemos grandes profesionales. Es una cuestión de convicciones, de proyectos educativos.
Pero, eso sí, con mis impuestos que se pague el Bachillerato público, pero con mis impuestos que no se pague el Bachillerato concertado. Con esta postura, lograremos una sociedad tolerante y plural, una sociedad que basa su tolerancia en el desprecio a las convicciones de unas familias, las que optan por centros de titularidad privada, y que sólo valore las convicciones de las familias que optan por los centros de titularidad pública. A estas últimas sí que se les puede financiar su educación, en cambio, a las primeras, no. Debe creer, el Sr. Sánchez Aguilar, que son ciudadanos de segunda clase.
Y vamos a la “pela” que es lo que interesa. Leemos en el artículo que “el gasto presupuestario en subvenciones a centros privados: ha subido un 24% en Infantil y Primaria, y un 26% en Secundaria, según un informe de CCOO.” Y añade a continuación “Si alguien no se fía de CCOO, podemos dar unas cuantas cifras del Portal de Transparencia” Y eso es lo que he hecho. Me he ido al Portal de Transparencia, ahí donde pone subvenciones a la enseñanza concertada, y ¡sorpresa! Los datos no son correctos. Del año 2014 al 2015 se incrementaron las subvenciones un 3,99% y del 2015 al 2016 un 2,31%, aumentos que se producen por el crecimiento vegetativo de los centros. Cifras muy lejanas al 24% y 26% que nos quiere hacer creer.
También podemos comprobar en el Portal de Transparencia que en la Región de Murcia hay 120 centros privados concertados, entre los cuales se incluyen cuatro centros de Atención a la Discapacidad. Por tanto, no son 360 centros concertados.
Pero aquí no acaban todas las incorrecciones económicas. Se hace referencia a la financiación que reciben tres colegios religiosos de la ciudad de Murcia. Se omite que estas cantidades aglutinan tres partidas: los sueldos de los profesores, los gastos variables y la partida de otros gastos. Por cierto, el 80% de esas cantidades es para pagar los sueldos de los profesores y otro 10% son la partida de otros gastos para pagar el sueldo de más de 70 trabajadores de personal de administración y servicios: 46 de la Merced-Fuensanta, 36 de Monteagudo-Nelva y 27 de Cristo Crucificado.
Además, quiero añadir unos cuántos datos más. En los presupuestos de la Región de Murcia, la educación concertada recibe una partida del 17% frente a un 83% de la pública, a pesar de que la concertada representa el 24% de alumnado frente a un 71% de la pública. Lo que pone de manifiesto un mayor coste por alumno en la enseñanza pública. No se sostiene su argumento de que el dinero de la Escuela Pública se destina a empresas privadas de educación.
Por cierto, en el artículo se critica la educación que se imparte en cierto colegio de nuestra Región. Sería recomendable que el Sr. Sánchez Aguilar leyera la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza. Sí, me refiero a la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su undécima reunión, celebrada en Paris, del 14 de noviembre al 15 de diciembre de 1960. Ahí se puede comprobar que este centro educativo no realizan ninguna discriminación, sino que ejerce su derecho a ofertar un modelo educativo propio que respeta la legislación nacional e internacional en materia educativa. Y por cierto, es un centro educativo con demanda social.
Ademas, al igual que nuestro escritor conoce una amiga que no pudo matricular a su hijo en el centro público que demandó, yo también conozco cientos de casos que no pudieron matricular a sus hijos en el centro concertado deseado, por falta de plazas. Y, sí, también se tuvieron que gastar mucho dinero en ropa, porque fueron a colegios que no contemplaban el uniforme. Cuestión de convicciones y de economía doméstica.
Por último, quisiera dejar claro que yo no quiero sólo una Escuela Pública, sino también, una Escuela Privada Concertada, ambas financiadas según su coste real, que sean de calidad y con profesionales cualificados, que ofrezcan a todos, sean quienes sean, igualdad de oportunidades. A eso es a lo que yo llamo verdadera libertad. Poder elegir modelo educativo sin que tu economía te excluya de ese derecho.
La intención del Sr. Sánchez Aguilar no es defender la enseñanza pública, sino atacar la enseñanza concertada. No lo esconde en su artículo. Pretende restringir la libertad de enseñanza que se recoge en el artículo 27 de nuestra Constitución, las legislaciones educativas vigentes: LODE, LOE y LOMCE y los tratados internacionales como el la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros tratados internacionales más. Quiere hacer política a costa de la Educación. Su interés no es el educativo, no nos engaña, es político. Y en esta mala praxis, todo vale, caiga quien caiga. Hacer daño a nuestro sistema educativo parece no importarle. El fin justifica los medios. Y su fin es político, para nada está pensando en la calidad de nuestro sistema educativo, en resolver sus verdaderos problemas.
Este artículo también es un llamamiento. Es una llamada a la tolerancia, a la pluralidad y a la libertad de enseñanza. Una llamada al entendimiento y no al enfrentamiento. Una llamada a sumar y no a dividir, una llamada a posibilitar un Pacto Educativo, en el que convivan todos los tipos de centros educativos, y donde el objetivo, sea la educación de nuestros alumnos. Intentemos, pues, trabajar por una Región de Murcia con futuro, educando en libertad, donde elegir centro educativo no se interprete como un ataque, sino una oportunidad.
Federico Faus Máñez
Secretario de Acción Sindical y Comunicación.
FSIE Región de Murcia.
FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA
